EE.UU. avanza en la protección del efectivo como método de pago

Es todavía un proyecto de ley, pero el congresista estadounidense Donald M. Payne, Jr. de Nueva Jersey ya ha presentado Payment Choice Act (Ley de Elección de Pago) para proteger el uso de billetes y monedas en EE.UU. Si se aprueba, sería ilegal que los negocios de venta al público de todo el país rechazasen efectivo en las transacciones minoristas.

Payne ha alegado que “hay demasiadas tiendas y negocios que quieren rechazar el efectivo estadounidense para beneficiar a los medios digitales. Sin embargo, el dinero en metálico es la única opción disponible para que millones de estadounidenses puedan pagar por alimentos, vivienda y otros bienes y servicios esenciales. Además, me preocupa la seguridad y la privacidad de los datos de los consumidores que las empresas recopilan durante sus compras digitales. Existen pocas cosas más estadounidenses que el efectivo. Hace unos años discutíamos por quién debería estar representado en nuestros billetes. Ahora, parece que las empresas están más que preparadas para deshacerse de ellos por completo”.

Unas declaraciones que ha demostrado con datos: en 2019, el 6% de los adultos estadounidenses no estaban bancarizados, por lo que no tenían cuenta corriente, de ahorros o de inversión. Y el 16% de los adultos del país estaban sub-bancarizados, por lo que, aunque no contaban con cuenta bancaria utilizaban productos financieros alternativos como giros postales, cheques, préstamos de las casas de empeño, de posesión de automóvil o de nómina, anticipos de cheques de pago o anticipos de reembolso de impuestos.

En total son 55 millones las personas en el país que necesitan utilizar el dinero en metálico para pagar bienes de primera necesidad. Personas que se quedarían fuera del sistema económico si desapareciera el efectivo.

Antes de Payne, en algunos estados ya se había establecido la obligación legal de aceptar efectivo como medio de pago. Es el caso de Nueva Jersey, Colorado y Massachusetts, así como las ciudades de San Francisco, Berkeley, Nueva York, Filadelfia o Washington D.C., que han implementado políticas para proteger a los ciudadanos que dependen del dinero en metálico.

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